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Este informe muestra el fenómeno migratorio, centrándose en el caso de España en los últimos años. El informe expone la necesidad de una política comunitaria de migración y asilo dado que actualmente la Unión Europea no tiene instrumentos para hacer frente a grandes flujos migratorios como el de 2015 con la llamada crisis de los refugiados.
España acoge a mucha población inmigrante, la mayoría de ella en situación regular. Pero gran parte de las personas que llegan a nuestro país se encuentra en situación irregular, lo que propicia en mayor medida su discriminación, explotación y trata, especialmente en el caso de las mujeres.
El informe da cuenta de cómo la población extranjera tiene peores condiciones laborales que las personas nativas (destacando el caso de las empleadas del hogar inmersas en el fenómeno de la cadena de cuidados), sus viviendas tienen a ser peores, y se enfrentan a más dificultades para acceder a ayudas y prestaciones públicas y a servicios sanitarios (como el bucodental), además de tener una mayor probabilidad de caer en la pobreza.
Sin embargo, los indicadores muestran que el nivel de integración en España es satisfactorio y que, a pesar de que aún se produzca en la sociedad española un sentimiento de rechazo hacia algunos colectivos, la evolución de los indicadores sobre racismo, intolerancia y xenofobia es positiva.